NOVIEMBRE 2004

No hace falta ver encuestas para saber que en los últimos años la seguridad ciudadana en la argentina se ha desbarrancado. El fenómeno viene de lejos:  por cada 100.000 habitantes pasamos de 81 delitos en 1980 a 204 en 1995. En 2001 solamente los robos llegaron a 601 cada 100.000 habitantes. Los gobiernos sucesivos o miraron para otro lado, o la emprendieron a tontas y a locas con medidas coyunturales.  El efecto ha sido paradojal: cada vez empeoramos en vez de mejorar.  

En los últimos tiempos, y cuando cada vez mayor número de personas empieza a preocuparse seriamente por su seguridad y por la de su familia, se viene armando desde ciertos sectores políticos y oscuras ONG campañas fomentando el desarme ciudadano. Notablemente una propulsora de esta idea es la misma legisladora que promueve la marihuana libre.

Mientras la Carta Internacional de los Derechos del Hombre asegura que "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona", la progresía siempre tan proclive a los monopolios sostiene que es bueno que el Estado monopolice la defensa de esos derechos fundamentales. No creo que la defensa a ultranza del monopolio de la fuerza sea bienintencionada, ya escribí algo sobre los motivos que los impulsan.  

Notablemente no están solos en su esfuerzo de construir un mundo feliz. Hay una red de organizaciones que promueve esta operación de ingeniería social y de restricción del derecho de legítima defensa. Esta semana uno de sus representantes máximos estuvo en el país, una tal Rebeca Peters, la australiana que preside IANSA y que sostiene la mentira de haber logrado reducir los homicidios en su país (en realidad tras la prohibición descendieron las muertes por armas de fuego -obvio- pero se mantuvieron los índices de homicidios en total: la gente mató con otras herramientas). Peters llegó al país bastante golpeada. Acaba de ser vapuleada en un debate televisado por el CEO de la NRA, tal como lo informa IANSA en su propia página web.